Los crímenes de la dictadura perfecta. Tengo memoria, no al PRI (segunda parte)

A continuación se presenta un recuento limitado de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por los gobiernos federales y locales del PRI entre 1962 y el 2006, los cuales quedaron en la absoluta impunidad.

         1. Masacre de la familia Jaramillo, el 23 de mayo de 1962. Fueron asesinados Rubén Jaramillo, su mujer embarazada y tres de sus hijastros. Responsables intelectuales y materiales: El presidente Adolfo López Mateos y el ejército mexicano.

         2. Matanzas de activistas y campesinos en Guerrero entre 1961 y 1967, con un saldo aproximado de 150 víctimas fatales. Responsables: Los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, diversas corporaciones policiacas estatales y los gobernadores Raúl Caballero Aburto, Arturo Martínez Adame y Raymundo Abarca Alarcón.

        3. Masacre de civiles 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Entre 150 y 400 muertos estimados. Responsables: El presidente Gustavo Díaz Ordaz y el ejército mexicano.

         4. Masacre de estudiantes el 10 de junio de 1971 en San Cosme, DF, conocida como el “halconazo”, con un saldo aproximado de setenta muertos. Responsables: El presidente Luis Echeverría Álvarez y el grupo paramilitar entrenado por el ejército mexicano, conocido como los “Halcones”.

         5. Guerra sucia: Nombre genérico con el que se designa al conjunto de masacres, ejecuciones, desapariciones, torturas y juicios irregulares con los que los gobiernos priístas combatieron a las organizaciones guerrilleras socialistas entre 1965 y 1982. Se calcula que hubo más de 3 mil muertos y desaparecidos, 1500 presos políticos y más de 8 mil personas torturadas. Responsables: Los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, el ejército mexicano y diversas corporaciones policiacas y paramilitares estatales y federales.             

      6. La matanza del Río Tula: Se trata de la tortura y asesinato de doce asaltabancos y narcotraficantes colombianos encontrados en estado de descomposición el 14 de enero de 1981, en el sistema de drenaje de San José Acoculco, Hidalgo. Responsables: Arturo Durazo y Francisco Sahagún Baca  de la Dirección General de Policía y Tránsito del DF, presidente José López Portillo.

       7. Asesinato sistemático de perredistas: Se estima que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fueron asesinados más de 600 militantes del PRD. Responsables: el presidente Carlos Salinas de Gortari, algunas corporaciones policiacas y militares, así como caciques y militantes priístas.

        8. Matanza de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995. Responsable: el gobernador Rubén Figueroa Alcocer y corporaciones policíacas de Guerrero.

       9. Guerra de baja intensidad contra las comunidades autónomas pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994 a la fecha, con un saldo aún no cuantificado de muertos y desaparecidos. Las acciones contrainsurgentes incluyen la matanza de bases de apoyo zapatistas en El Bosque (municipio autónomo San Juan de la Libertad), Chiapas, el 1998, en la que perecieron ocho civiles. Responsables: Ejército mexicano, corporaciones policiacas del estado, los gobiernos priístas de Eduardo Robledo Rincón, Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, así como los perredistas de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, y los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo del PRI y Vicente Fox y Felipe Calderón del PAN.

      10. Matanza de Acteal, Chiapas, por la que perecieron 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños pertenecientes a la organización civil y pacífica Las Abejas, el 22 de diciembre de 1997. Responsable: Grupos paramilitares creados por el gobierno del estado a cargo de Julio César Ruiz Ferro, protegidos por el ejército comandado por el presidente Ernesto Zedillo. 

        11. Guerra de baja intensidad en los estados de Guerrero y Oaxaca contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR) a partir de 1996, con un saldo hasta ahora no contabilizado de operativos contrainsurgentes en comunidades campesinas serranas y un número desconocido de víctimas. Entre estos episodios destacan las acciones desplegadas en la región de los Loxichas, con alrededor de 250 campesinos presos y torturados, y otros hechos indirectamente vinculados con la presencia guerrillera en Oaxaca, como la masacre de Agua Fría, donde un grupo paramilitar mató a 26 campesinos el 31 de mayo del 2006. Responsables: corporaciones militares y policiacas federales y estatales, los gobiernos de Rubén Figueroa, Ángel Aguirre, René Juárez y Zeferino Torreblanca en Guerrero y de Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz en Oaxaca y los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

1        12. Guerra de baja intensidad en Guerrero contra el Ejército Revolucionario Insurgente del Pueblo (ERPI) a partir de 1998, la cual ha implicado un número desconocido de bajas entre la población civil. El caso más conocido es el de la Masacre de “El Charco”, Guerrero, el 7 de junio de 1998, en la que fueron asesinados once campesinos. Responsable: Ejército mexicano, el gobierno del entonces priísta Ángel Aguirre y el presidente Ernesto Zedillo.

          13.  Operativo policiaco en Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo, por el que 2 jóvenes fueron asesinados, 207 civiles y activistas pacíficos fueron encarcelados, decenas resultaron heridos y 26 mujeres fueron violadas por las fuerzas de seguridad, además de que hubo allanamientos de morada, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los pobladores por parte de los tres mil policías que intervinieron. Responsables: el gobernador Enrique Peña Nieto, corporaciones policiales del Estado de México, la Policía Federal Preventiva (PFP) y el presidente Vicente Fox.

           14. Represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (de julio a diciembre del 2006), con 26 muertos, decenas de heridos y más de 200 presos torturados. Responsables: Gobernador Ulises Ruiz,  corporaciones policiacas y militares, la PFP y el presidente Vicente Fox.

         15.  El conflicto triqui en San Juan Copala, Oaxaca, que data por lo menos desde 1948 a la fecha, y que ha provocado un número aún no cuantificado de muertos y desaparecidos. Este problema ha sido fomentado desde el gobierno local, con la creación en 1994 del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), de filiación priísta y protegido por las corporaciones policíacas y militares del estado. Responsables: los gobernadores Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz, apoyados por los presidentes  Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

       16. A todos estos episodios habría que sumar los casos aislados de luchadores sociales ejecutados por las fuerzas de seguridad que han quedado en la impunidad, así como los de civiles asesinados y elevados al rango de “daños colaterales”, cuyos nombres ocuparían páginas enteras.

      17. No se pueden pasar por alto tampoco las ejecuciones internas de militantes priístas por conflictos de intereses. Tales serían los casos del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, asesinados en 1994, y el misterio sin resolver de la muerte de Manuel Muñoz Rocha, por citar algunos.

Aunque este artículo está especialmente dedicado al PRI, no podemos pasar por alto que la guerra contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón Hinojosa y respaldada por el PAN ha causado cifras próximas a los 70 mil muertos y los 10 mil desaparecidos, las cuales podrían rebasar al conjunto de víctimas durante los sexenios priístas. Algunos intentos por medir cuál ha sido el sexenio más sangriento han tomado erróneamente como referente el total de homicidios por sexenio. Si de lo que se trata es de elucidar quiénes han sido los gobernantes más represivos, el recuento se debe hacer tomando en cuenta únicamente a los muertos y desaparecidos a consecuencia de las políticas de Estado, en otras palabras, se deben separar los crímenes de Estado de los homicidios ordinarios. En el caso del gobierno actual se toma en cuenta que las bajas son resultado de una estrategia de guerra fallida de la que Calderón, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, es el principal responsable.